La existencia de prontuarios "mellizos" en la División Antecedentes Personales generó incertidumbre en la Justicia. Cada día, los fiscales utilizan las bases de datos de la Policía para decidir si los aprehendidos deben seguir detenidos o no, tal como lo establece el Código Procesal Penal. Pero ahora que estalló el escándalo, les resulta imposible saber cuántas veces les llegaron planillas con información errónea o falsa.

A raíz de las derivaciones que puede llegar a tener el caso, el ministro fiscal, Luis de Mitri, le envió un oficio al ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera, para que se realice una auditoría interna, y otro al fiscal de turno (podrían ser María de lasMercedes Carrizo o Guillermo Herrera) para que determine a qué se debió la irregularidad y si existió algún tipo de maniobra dolosa. "No recibí otras denuncias, pero invitaré al fiscal que investigue esta causa a constatar si hay o no más casos en otras fiscalías", dijo De Mitri ante una consulta de LA GACETA.

El 26 de octubre, el fiscal Edgardo Sánchez, del Centro Judicial Concepción, le envió un informe al titular de Ministerio Público Fiscal exponiéndole una serie de casos anómalos, descubiertos en el marco de distintas investigaciones.

En una causa iniciada días antes de la denuncia, Sánchez había solicitado que le fuera enviada la planilla prontuarial de un imputado de tentativa de robo. Desde Antecedentes Personales le contestaron al fiscal que en ese legajo del sospechoso no figuraban delitos.

Pero los investigadores conocían al imputado por otros hechos anteriores, y por eso repitieron el trámite, de carácter procesal obligatorio. Fue entonces cuando al fiscal Sánchez le indicaron que el sospechoso sí tenía numerosos antecedentes penales y contravencionales.

Extraoficialmente, fuentes de la fuerza indicaron que durante el último control de calidad se constató que había unos 15.000 legajos irregulares. El comisario Marcos Santos, jefe de Antecedentes Personales, le explicó recientemente a LA GACETA que esos prontuarios duplicados podrían deberse a un "error humano".

Incluso, según policías, hay detenidos que dan un nombre falso en las fiscalías y así logran que sus prontuarios lleguen "limpios". "Hay muchos que no tienen DNI y se aprovechan de esa situación. Por eso, el envío de las fichas dactiloscópicas es importantísimo", explicó una fuente. Además, agregó que por eso también conservan los archivos en papel, digitalizados en 2008 luego de otro escándalo.

Más allá de esto, varios fiscales expresaron por lo bajo su preocupación. "Tal como señala el fiscal Sánchez en la presentación que realizó, esto incide en ciertas decisiones; el hecho de tener condenas anteriores o una multiplicidad de procesos en curso, influye en la decisión de quien le otorga la libertad o no al imputado", explicó ayer De Mitri.

Sin embargo, el funcionario de la Corte aclaró que aunque la situación es grave por las derivaciones que podría llegar a tener, confía en que puede ser subsanada. "Hay medidas provisorias, como la liberación, que puede ser rectificada, si es que se determina que fue dispuesta en base a una ficha prontuarial que no exhibía antecedentes. Una vez verificado lo contrario, se puede modificar; es decir, tiene solución. Mientras no haya condena, todo lo que se realiza durante el proceso puede ser rectificado", señaló.

Para esto, será vital la intervención del Ministerio de Seguridad Ciudadana. "Al ministro (López Herrera) le envié un oficio para que controle, audite y tome las medidas administrativas que correspondan como jefe de todo el sector de la Policía", dijo De Mitri. Y agregó: "además, por vía judicial, se va a hacer una investigación para analizar si hay un probable delito".

La intención de la pesquisa es determinar quién carga los datos y cómo lo hace, entre otros puntos. "Todo esto dependerá de la investigación que se realice", señaló el ministro fiscal.

La División Antecedentes Policiales está ubicada en la Jefatura de Policía y tiene como misión entregar los certificados de conducta, imprescindibles por ejemplo para entrevistas de trabajo, y enviar a los fiscales las planillas prontuariales de los detenidos. Hasta 2008 la carga de datos se hacía a mano. Luego se informatizó.